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La Consejería de Turismo, Regeneración, Justicia y Administración Local de la Junta de Andalucía ha resaltado este sábado que ha llevado a cabo durante 2021 importantes mejoras y avances "pioneros" en materia de prevención y riesgos laborales en la Administración de Justicia que, "hasta ahora, no había contado con un plan específico, o con protocolos para prevenir agresiones externas al personal funcionario y para situaciones de acoso".

Así lo resalta en un comunicado la Consejería que resalta que además ha extendido los planes de emergencias que cubren ya al 78% de sedes judiciales frente al 46% de 2018.

La primera de las medidas que se ha abordado sobre esta materia desde la Consejería que dirige Juan Marín ha sido la creación de un Servicio de Prevención propio para la Administración de Justicia con un total de 16 técnicos: dos adscritos a la Dirección General de Oficina Judicial y Fiscal, y 14 adscritos a las Secretarías Generales Provinciales, distribuidos entre las ocho provincias.

La puesta en marcha de este Servicio es lo que ha permitido que se comenzará a trabajar en un Plan de Prevención propio y específico para la Administración de Justicia, que fue aprobado en mayo de 2021. Su implantación efectiva se ha desarrollado a lo largo del segundo semestre del año y ha dado lugar a la elaboración de una serie de protocolos, procedimientos y actividades concretas para la gestión de la prevención de riesgos laborales en la Administración de Justicia.

El primero de ellos es el Protocolo de actuación frente a agresiones externas en la Administración de Justicia que tiene como objetivo prevenir situaciones de riesgo para el personal funcionario que se puedan producir durante la atención al ciudadano y que ha sido desarrollado con el acuerdo de la Mesa Sectorial de la Administración de Justicia y tras el proceso previo de consulta y participación del Comité Sectorial de Seguridad y Salud.

Así, el protocolo prevé una serie de actuaciones a seguir en materia de prevención, resolución y seguimiento de las situaciones de violencia externa. En primer lugar se establece la obligación de realizar una evaluación de los riesgos en todos los puestos de trabajo, para la adopción de las medidas adaptadas a cada uno de ellos.

Igualmente, contempla medidas de carácter general para prevenir la violencia externa, como son: evitar aislamiento físico y horario; disponer mobiliario adecuado al nivel de riesgo; zonas de espera apropiadas y confortables para el público; o asegurar una adecuada gestión de colas y de esperas, entre otras medidas.

Por otra parte, el protocolo comprende una serie de pautas o actuaciones generales a seguir por el personal funcionario, una guía básica de orientación jurídica, y la necesidad de crear un Registro de Agresiones.

"Se trata del primer protocolo de agresiones diseñado específicamente para los centros de trabajo de la Administración de Justicia en nuestro país, un documento pionero, que supone un avance muy importante en la gestión de prevención de riesgos laborales", ha indicado el director general de la Oficina Judicial y Fiscal, Carlos Rodríguez Sierra.

PROTOCOLO CONTRA EL ACOSO

Igualmente, los órganos judiciales andaluces también disponen de un Protocolo frente a situaciones de acoso en la Administración de Justicia. La aprobación del Plan de Prevención permitió, en este sentido, la constitución de los Comités de Investigación Interna para estos casos en cada una de las ocho provincias.

El documento establece mecanismos para prevenir y evitar las conductas que pudieran constituir acoso laboral, sexual o por razón de sexo u otra discriminación, como el origen racial o étnico, la religión o convicciones, la discapacidad, la edad, la orientación sexual, o cualquier condición o circunstancia personal o social, y fija un procedimiento de actuación ante los casos que pudieran presentarse tanto en el personal al servicio de las oficinas judiciales, fiscales e Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El Comité de Investigación Interna existente en cada provincia es el órgano que recibe la solicitud de intervención, decide sobre su tramitación o archivo, y, en su caso, el órgano que llevará a cabo la investigación y elaborará un informe con las conclusiones y propuesta de medidas a adoptar.

UN PLAN DE IGUALDAD, QUE SERÁ PIONERO

Por otra parte, la Consejería de Justicia también ha conformado en 2021 la Comisión Negociadora para la elaboración del Plan de Igualdad para el personal funcionario al servicio de la Administración de Justicia en Andalucía, compuesta de forma paritaria por miembros de la Administración y de las organizaciones sindicales más representativas del sector. Para la elaboración del Plan se ha llevado a cabo un estudio previo que determina que el 68% del personal funcionario de Justicia es mujer.

Este Plan contemplará un conjunto de objetivos, medidas y acciones, debidamente planificadas y con coherencia entre ellas, para avanzar progresivamente en la consecución de la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres. El documento resultante tendrá una vigencia inicial de cuatro años, tras los cuales será objeto de revisión y evaluación, que dará lugar a la elaboración y aprobación de un nuevo plan con igual período de vigencia.

Por último, la Consejería de Juan Marín también ha aprobado un protocolo para la implantación de los Planes de Emergencias y Evacuación en las sedes judiciales y fiscales, que permita asegurar unas adecuadas condiciones de evacuación y protección contraincendios en caso de se declare una emergencia.</p

Para ello, se han comenzado a constituir en cada provincia los Comités de Emergencias que tienen como principal finalidad la comprobación de las condiciones de evacuación y protección contraincendios de las sedes, lo que incluye la información al personal trabajador y al público en general sobre los recorridos de evacuación en caso de emergencia y la realización de simulacros o ejercicios para comprobar la eficacia de los planes de emergencias.

"Durante los dos últimos años, coincidentes con la actual pandemia, se ha realizado un considerable esfuerzo para impulsar la elaboración de estos documentos con el objeto de tener planificadas las posibles emergencias que se pueden producir en los centros de trabajo", ha afirmado Rodríguez Sierra.

Como resultado, se ha pasado de tener 76 planes de emergencias realizados entre 2013 y 2018 (el 46% de los centros de trabajo), a un total de 118 planes de emergencias (78% de centros de trabajo) elaborados en el periodo 2019-2021.

Este trabajo continuará en 2022 avanzando en la implantación del Plan de Prevención, con las evaluaciones de riesgos de los puestos de trabajo de las oficinas judiciales y fiscales que se vayan implantando y de las nuevas sedes o edificios judiciales que entren en funcionamiento, así como de riesgos psicosociales de las sedes de mayor número de personal trabajador; o el desarrollo de protocolos de actuación específicos para los Institutos de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

Fuente: www.europapress.es