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El Juzgado Social número 1 de Figueres ha condenado al Ayuntamiento de Figueres a indemnizar a una agente de la Guardia Urbana y delegada del sindicato CSIF con 25.000 euros por los daños y perjuicios derivados del incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales del Consistorio respecto a los conflictos laborales. La sentencia establece que el conflicto entre la demandante y sus superiores se inició en 2010 y que durante varios años hubo un cruce de denuncias y expedientes disciplinarios hacia la trabajadora que culminó con una acusación de CSIF ante la Inspección de Trabajo que inició una investigación.

En sus conclusiones el Inspector remarca "la falta de adopción de medidas por parte del Ayuntamiento" para evitar o reducir "la situación de riesgos psicosociales, especialmente los derivados de conflictos con episodios de violencia psíquica y comportamientos verbales ofensivos e intimidatorios" que se fue "prolongando en el tiempo". Por eso concluye que el Consistorio pudo vulnerar varios artículos de la normativa sobre Riesgos Laborales y pidió que la Guardia Urbana de Figueres adopte varias medidas para reducir la situación de conflicto como establecer las funciones de cada categoría profesional, un código de buena conducta o un protocolo de acoso psicológico/sexual. En febrero de 2016 el Consistorio elaboró un protocolo para prevenir y detectar situaciones de acoso psicológico, sexual o de discriminación en el trabajo y poco después los agentes recibieron un curso formativo sobre estrés laboral y resolución de conflictos.

La demandante también aportó un informe médico en el que se establecía los trastornos mentales y emocionales que sufrió por el conflicto con sus superiores y que la obligó a estar de baja durante más de 18 meses. En este sentido la sentencia indica que el Instituto Nacional de la Seguridad Social consideró a principios de 2016 que había sufrido un accidente de trabajo, por lo que la agente reclamó una cantidad de daños y perjuicios al Consistorio. La juez considera que el Ayuntamiento disponía de "una evaluación general de riesgos en el ámbito de Seguridad Ciudadana" realizado por una empresa que contemplaba dos posibles riesgos psicosociales el trabajo de cara al público y el originado por los turnos y nocturnidad sin tener en cuenta "el riesgo de relaciones personales conflictivas". Además detalla que los informes aportados al procedimiento judicial, y que conocía el Consistorio, indican que en 2014 en la Policía Local existían "conflictos interpersonales, llegando a niveles de violencia psicológica, situación que se califica de enquistada", por lo que se proponían medidas de actuación. Por eso, el juzgado cree que hubo un grave incumplimiento del Ayuntamiento en normativa de prevención de riesgos ya que no se adoptaron medidas hasta que la demandante estaba de baja.

"En suma, hubo por parte del Ayuntamiento de Figueres incumplimiento de obligaciones básicas en materia de prevención de riesgos en relación al puesto de trabajo de agente", que ocupaba la demandante, indica la sentencia quien establece como accidente de trabajo su baja por las lesiones psíquicas provocadas por la situación del presunto acoso laboral y condena al Consistorio a indemnizarla con 25.000 euros por daños morales. Antes de pedir la baja, la policía fue sancionada por no querer quitarse unas pulseras y pendientes que llevaba ante una orden de su superior, tal y como establece el reglamento, y también denunció que en varias ocasiones le desaparecían objetos de su taquilla, como ropa interior. El CSIF denuncia que la demandante no es la única trabajadora de la Guardia Urbana de Figueres afectada por esta situación por lo que estudian iniciar acciones legales por otros afectados además de pedir al Consistorio un cambio de dirección en materia preventiva para garantizar un buen trato al persona municipal.

Fuente:

http://www.elmundo.es