Blog

A Esther (nombre ficticio) nadie la avisó de que el 14 de noviembre de 2013 se iban a realizar trabajos de desinfección en la clínica de cirugía estética en la que limpiaba, ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. A los pacientes sí. Las consultas habían sido suspendidas. La trabajadora acudió a su puesto como cualquier otro día e inhaló las sustancias químicas pulverizadas durante esas labores encargadas a una empresa externa. Nadie le advirtió de los riesgos que esa exposición entrañaba para su salud ni se adoptó medida de precaución alguna. Tres pleitos y ocho años después, ese fallo de control y coordinación, ese incumplimiento en materia de prevención de riesgos laborales, ha desembocado en una sentencia que condena a la compañía en la que estaba contratada y, de forma solidaria, a su aseguradora a indemnizarla con 201.765 euros por los daños y perjuicios ocasionados.

El primer procedimiento judicial consideró acreditado que esa fumigación mediante el uso de "técnicas volátiles inadecuadas" (la pulverización) fue la causa de la baja médica que sufrió la limpiadora por una insuficiencia respiratoria severa. El segundo finalizó con la declaración de la incapacidad permanente absoluta como consecuencia de ese accidente laboral. El tercero ha acabado con la condena a la empresa para la que trabajaba, y la aseguradora, por las lesiones causadas, las secuelas que le han quedado y el perjuicio moral por la pérdida de calidad de vida y de autonomía personal de la afectada.

Las dolencias generadas a raíz de ese episodio no solo cercenaron todas sus posibilidades de ejercer una actividad laboral, sino que le provocaron un perjuicio grave con "pérdida de su autonomía personal para realizar algunas actividades esenciales o la mayor parte de sus actividades específicas de desarrollo personal". La enfermedad neumológica le impide realizar desplazamientos, tareas domésticas que requieran actividad física, practicar deporte o disfrutar de la mayoría de las actividades de ocio, además de afectar a sus relaciones sociales. Así se desprende del informe pericial de valoración de daños que presentó su abogada, tanto en la demanda de reclamación de incapacidad permanente absoluta como en la de cantidades por los daños sufridos.

La sentencia remarca que no hay constancia de que se adoptara ninguna medida de control con respecto a la empresa contratista ni tampoco que se supervisaran los productos o los métodos empleados. Falló la coordinación, el protocolo de seguridad, y ese incumplimiento "contribuyó a los daños" causados en la salud de la trabajadora afectada, subraya.

Los estudios realizados confirmaron el descenso progresivo de la capacidad funcional del pulmón, con episodios de disnea (ahogo o dificultad en la respiración) ante leves esfuerzos. Esther tuvo que acudir en múltiples ocasiones a los servicios de urgencias por crisis de asma hasta que en enero de 2017 una espirometría reveló una "obstrucción severa al flujo aéreo". Ya entonces estaba recibiendo oxigenoterapia por la persistencia de esas complicaciones.

Fuente: https://www.eldiario.es